"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Miguel Ángel Cabra de Luna, director de los Servicios Jurídicos del CERMI Estatal
“Si no se gana la batalla del empleo, se pierde la de la igualdad de derechos en general”
22/02/2019
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
Nuestro país disfruta de una base jurídica de derechos muy potente, con normas avanzadas y progresistas en lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo también persisten las carencias en la aplicación efectiva de las mismas. Es la percepción de un profesional con muchos años de experiencia y una larga relación con el sector de la discapacidad, que también señala como cuestión fundamental la discriminación laboral, una situación que debe revertirse en los próximos años para lograr una efectiva igualdad de derechos.
Existen dos grandes campos de actuación. En primer lugar, la elaboración de propuestas legislativas o normativas para ir completando un acervo jurídico acorde con la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad y desarrollando las normas básicas en materias de igualdad y no discriminación. Propuestas que presentamos a los grupos políticos y los movimientos sociales para que puedan ser debatidas y asumidas, con lo que contribuimos a ir acercando las condiciones materiales de vida al pleno ejercicio de los derechos políticos y sociales de las personas con discapacidad y sus familias
El segundo campo de actuación es el de la resolución de consultas planteadas por las personas con discapacidad a través del servicio de orientación jurídica. Estas consultas son resueltas por un equipo de expertos y es un instrumento que actúa en una doble dirección: de las personas con discapacidad hacia el movimiento social de la discapacidad, al acercarlo a las demandas y necesidades reales de las mismas; y del CERMI hacia las personas que formulan las consultas, prestándose un útil servicio a la hora de poder defenderse y ejercer sus derechos.
¿Qué cuestiones tiene pendientes de resolución y pueden considerarse urgentes o de carácter prioritario?
Quizás falta por instrumentar medios y apoyos para la autodefensa jurídica de las víctimas de discriminación. Es algo que nos puede dar mucho poder para enfrentarnos a una realidad tozuda que impide alcanzar plenos derechos.
Si la respuesta a las discriminaciones es la denuncia y la acción judicial, la sociedad irá avanzando en una senda de mayor respeto por los derechos de las personas con discapacidad. No podemos hacer frente, nosotros directamente desde el CERMI, a todas y cada una de las vulneraciones de derechos, pero sí podemos marcar los cauces y orientar las acciones jurídicas.
Por otra parte, esperamos mucho más de las autoridades competentes para vigilar y sancionar las infracciones a las normas sobre igualdad y no discriminación. Necesitamos un mayor compromiso de las mismas, especialmente de las Administraciones autonómicas. Algunas de estas aún no han aprobado una Ley de Infracciones y Sanciones como existe en el Estado.
La mejor formación especializada de los jueces y de los empleados públicos es otro objetivo que nos parece muy importante. Uno de los retos para lograr el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad es mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, para lo cual trabajamos estrechamente con el Foro Justicia y Discapacidad, así como a nivel europeo a través del Just4all. El Just4all es un proyecto en el ámbito de la UE que, cofinanciado por el programa de Justicia (2014-2020) de la Unión Europea y bajo el liderazgo de Fundación ONCE, tiene como objetivo principal del proyecto mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y contribuir a la aplicación efectiva de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales así como a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, mediante la sensibilización y formación de los profesionales del derecho de la Unión Europea.
En esa tarea de asesoramiento a personas con discapacidad y familiares o entidades, ¿qué balance hace de las consultas recibidas?
¿Sigue siendo el acceso universal el derecho más vulnerado, o denunciado por no cumplirse?
La mayor preocupación parece ser las discriminaciones laborales y el acceso a prestaciones sociales y la cobertura de ingresos mínimos de vida. Un tercio de las consultas trata sobre estas cuestiones. Otro casi 10 % más o menos tratan cuestiones educativas. Y, efectivamente, algo más de la mitad restante afectan a cuestiones diversas que afectan a la discriminación y falta de accesibilidad a bienes y servicios.
La falta de accesibilidad produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad. Como ha señalado en alguna ocasión Luis Cayo Pérez Bueno, “más que hablar de accesibilidad, se debería hablar de accesibilidades”, debido a su tipología y amplitud. En este sentido, se hace preciso avanzar hacia una regulación de la accesibilidad cognitiva, para lo que desde CERMI se ha trasladado una propuesta a las diferentes formaciones políticas que en este caso, ha llevado el PP al Senado con el consenso de todos los partidos para regular por primera vez este tipo de accesibilidad.
¿Cree que las personas con discapacidad poseen ya un mayor conocimiento de sus derechos y, por tanto, denuncian y reclaman con más frecuencia y fundamento?
En mi opinión, creo que en términos generales sí, que hemos avanzado mucho en los últimos años. Cada vez más las personas con discapacidad tienen mayor acceso a la información sobre los derechos que les asisten, aunque queda mucho por hacer todavía. Desde CERMI en colaboración con las entidades del movimiento asociativo impulsamos diferentes proyectos en este sentido y ponemos a disposición diferentes vías con el objetivo de que las personas con discapacidad conozcan sus derechos y puedan así exigirlos en su vida diaria. También es fundamental la relación con los operadores jurídicos, con la administración pública, el sector privado y la sociedad en general llevamos a cabo para que conozcan la realidad de las personas con discapacidad y sus derechos en todos los ámbitos de la vida, que son quienes de una manera pueden hacer que su ejercicio efectivo sea una realidad.
¿Cómo valora la actual situación jurídica de las personas con discapacidad y la evolución en los últimos años?
Nuestra insatisfacción viene no tanto por la aprobación de Leyes muy favorables, sino por no haber alcanzado unos niveles aceptables de igualdad real y efectiva hasta el momento. Sabemos que no es fácil trasladar una Ley a la realidad. Y, por ello, exigimos un mayor compromiso de todos. De los Gobiernos y Administraciones Públicas, para que remen a favor y no en contra, como desgraciadamente ocurre a veces. Pero también de la sociedad civil organizada y de las propias personas con discapacidad que deben adquirir mucha más conciencia. Los derechos se conquistan y afianzan solo peleando por ellos.
Queda mucho por hacer en el terreno del empleo. La situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, aun siendo diversa según tipo de discapacidad, edad, género o nivel de cualificación, sigue mostrando rasgos muy discriminatorios. Esta situación debe revertirse en los próximos años pues, si no se gana la batalla del empleo, se pierde la de la igualdad de derechos en general.
¿Cuáles serían los grandes avances de los últimos tiempos en cuestiones jurídicas?
Tenemos una base jurídica de derechos muy potente, que se ha ido adquiriendo y reforzando sobre todo en las dos primeras décadas de este siglo. Por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013, que fue antes la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Son la clave de la bóveda de la regulación de derechos.
Se ha avanzado mucho incluyendo derechos y condiciones de accesibilidad en normas sectoriales. Así, y solo son dos ejemplos, recientemente se ha aprobado la Ley que reconoce el derecho al voto en las elecciones políticas a muchas personas con discapacidad que se les había despojado de dicho derecho.
Otro avance se ha dado en la legislación sobre contratación pública, incorporando la obligación de que toda empresa que quiera acceder a contratos públicos cumpla las obligaciones legales en materia de reserva del 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, así como en materia de accesibilidad universal
¿Podemos decir que España está en buena posición si la comparamos con otros países de la UE en materia de derechos para las personas con discapacidad?
Nuestro país es uno de los que cuentan con leyes más avanzadas y progresistas de la UE, pero tiene muchas carencias en su aplicación efectiva en temas tales como el del empleo, los servicios sociales y de atención a la dependencia y en el de la accesibilidad a bienes y servicios de uso diario, como servicios culturales, deportivos, de ocio etc.
¿Qué tal funciona la guía para la autodefensa que el CERMI puso a disposición de todas las personas en su web?
La guía de autodefensa es un instrumento de gran utilidad que sirve para empoderar a las personas con discapacidad en la reivindicación de sus derechos. Supone un paso más para seguir avanzando en el ejercicio efectivo de los derechos y que será origen de nuevos proyectos e iniciativas que estamos desarrollando para favorecer la reivindicación justa y necesaria para impulsar la implementación real de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
